El gobierno de Draghi aumenta la presión sobre los reticentes a obligar a los empleados a acreditar que están inmunizados o someterse a una prueba diagnóstica cada dos días
Daniel Verdú EL Pais
ROMA.– Italia es ya el primer país del mundo occidental que obligará a sus ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o el ámbito público. En realidad, los empleados deberán tener en regla su certificado verde, que básicamente acredita la inmunización a través de la vacuna o la realización en los últimos dos días de una prueba con resultado negativo.
Esta opción, sin embargo, no es viable para utilizarla a diario con fines profesionales, por lo que las imposiciones del Ejecutivo son más bien una fórmula técnica destinada a convencer a la población de vacunarse y terminar definitivamente con las resistencias.
Italia ya fue pionera en Europa al introducir en abril la obligatoriedad de vacunarse para los trabajadores sanitarios. Hace unas semanas dio un paso más e implantó el uso obligatorio del certificado Covid también para los profesores.
El salvoconducto será a partir del 15 de octubre obligatorio para todos los trabajadores, un sector que abarca a 23 millones de personas.
Da igual si son autónomos, si se trata de servicios a domicilio, como el plomero o el servicio doméstico, si trabajan en multinacionales o son funcionarios del gobierno. Solo los autónomos que trabajan en su domicilio han quedado eximidos.
En el caso de los empleados, el trabajador será enviado a su casa si no tiene el certificado. Si no lo presentase en un plazo de cinco días, se le suspenderá el sueldo y podrá ser multado con hasta 1000 euros.
La posibilidad de despedirlo, que también estaba sobre la mesa, ha quedado descartada por considerarse inconstitucional. Son los empleadores quienes deberán organizarse creando alguna figura que se dedique a controlarlo. Si no lo hicieran, también se expondrán a las mismas sanciones. “Esto es algo que no se ha visto en ningún lugar de Europa”, lanzó el ministro de Administraciones Públicas. La medida, sin embargo, trasciende a Europa y no tiene parangón en el mundo occidental. Estados Unidos impuso hace una semana la obligación de vacunarse a 100 millones de trabajadores. Se trataba de aquellos empleados en empresas con plantillas superiores a 100 personas y a trabajadores federales. Pero en ningún caso se llegó al extremo que ahora impondrá Italia, que solo dejará fuera de esa norma a quien realice teletrabajo o a quien no pueda vacunarse por razones médicas (en ese caso servirá el test de antígenos realizado, como mucho, dos días antes).
De hecho, el mismo decreto obliga a bajar los precios de las pruebas: gratis para quien no pueda vacunarse, 8 para los menores y 15 para los mayores de edad, hasta el 31 de diciembre.
La idea de la extensión del certificado es persuadir a los antivacunas y a unos tres millones de trabajadores que se encuentran indecisos ante la necesidad de recibir el suero.
Herramienta imprescindible
El certificado Covid o “pase verde”, como se conoce en Italia, se ha convertido ya en una herramienta imprescindible para la vida cotidiana.
Se trata, en suma, de una obligación general de vacunación para la población. Pero sin recurrir a una medida cuya constitucionalidad sería algo dudosa y que todavía genera reticencia entre algunos sectores. “El certificado es un instrumento para tutelar los espacios de libertad que hemos conquistado con mucha fatiga”, señaló la titular de Asuntos Regionales, Maria Stella Gelmini.
Se exige ya para comer en el interior de los restaurantes, para entrar en teatros, museos, cines y gimnasios o viajar en trenes de larga distancia. En Italia cerca del 65% de los 60 millones de habitantes del país ha recibido la pauta completa de vacunación y el 73% se ha inmunizado con al menos una dosis.
Estas cifras están ligeramente por encima de la media de la Unión Europea: el 60% tiene la pauta completa, y un 66%, al menos una dosis. El Ejecutivo ha ido extendiendo de manera gradual sus usos, no exento de oposiciones. El mero planteo de hacerlo obligatorio solo para los trabajadores públicos ya ha desatado protestas y conflictos con los sindicatos estos días. El principal roce en el seno del Ejecutivo de coalición se ha producido con la Liga, de Matteo Salvini, que hasta el último momento mantuvo la duda sobre si iba a apoyar la medida. Parte de su electorado rechaza el salvoconducto y la idea de vacunación obligatoria. Pero la otra mitad, especialmente aquella que pertenece a la vieja Liga Norte y se encuentra más cerca del mundo empresarial, como los gobernadores de regiones como Friuli-venezia Giulia o Véneto, han presionado para que fuera aceptado.
La concesión supone una nueva derrota de Salvini, especialmente preocupante para sus intereses cuando sus votantes más radicales están yendo en masa hacia Hermanos de Italia, el partido de la ultraderechista Giorgia Meloni, la única formación que ha quedado fuera del Poder Ejecutivo y que representa ahora de forma más nítida las posiciones soberanistas.
La exigencia del establishment de que modere sus posiciones contrastan con la falta de un proyecto más centrado. Y las dudas estratégicas le están creando un enorme problema en los sondeos.
Inmunidad de rebaño
Draghi ha demostrado en los últimos meses que no se deja influir por el infinito ruido de la política italiana. Una ventaja evidente para sacar adelante la complicada agenda de reformas que ha diseñado y llegar al objetivo de la inmunidad de rebaño en Italia.
Pero algunos sectores critican que el Parlamento haya quedado a veces silenciado por el rodillo que ha aplicado.
En el gobierno ha habido también discusión entre ministros de distintos partidos a propósito de las salas culturales. El ministro del área, Dario Franceschini, había pedido que la obligación del certificado verde para casi todas las actividades públicas, incluidas el trabajo desde el 15 de octubre, comportase volver a recuperar la capacidad normal en los recintos culturales. Pero el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, se ha negado y Draghi se puso de su lado.
En 15 días, el gobierno decidirá si relaja medidas de distanciamiento en lugares de reunión. Pero de forma orgánica, no solo en salas culturales. © El País, SL
El mero planteo de hacerlo obligatorio solo para los trabajadores públicos ya ha desatado protestas y conflictos con los sindicatos estos días.