Si bien, buena parte del debate de los últimos años se ha centrado en los cambios radicales que el mundo deberá realizar sobre la forma en que se provee de energía más limpia, en los países de nuestra región cobra gran trascendencia otro sector fundamental para la Transición Verde. Y es que con niveles de industrialización menores que muchos países desarrollados, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Argentina tienen un componente muy importante que aporta el sector agropecuario (39% según datos del Inventario nacional de GEI), y se ubican más cerca de las emisiones del sector energético (51%).

Esta situación, ha generado un debate de alta trascendencia en un sector estratégico no solo para la economía argentina, sino para la provisión de alimentos e incluso energía más limpia a un mundo con demandas crecientes.

En este contexto, la agenda climática global puede representar una amenaza para la Argentina, en términos de que algunos mercados como el europeo, comienzan a imponer o proponer restricciones comerciales, por ejemplo, a la importación de soja y carne proveniente de áreas con deforestación; o el debate presente en torno a posibles impuestos al carbono en frontera, destinados a gravar a aquellos productos en función de su huella de carbono, al momento de acceso a los mercados.

Pero también, por las características del sistema agroindustrial de la Argentina, se abren una serie de oportunidades para promover la producción agrícola y ganadera sostenible, y aprovechar una ventaja que el país podría lograr rápidamente de posicionarse en esos mercados como un proveedor confiable de productos agroindustriales sostenibles.

Puntos clave

Para ello, tenemos deberes que hacer, y un margen de tiempo relativamente corto para cumplirlos y aprovechar esa eventual ventaja. En el marco del proyecto Democracia 40 del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), a través del diálogo con actores de distintos sectores, identificamos tres puntos clave que Argentina debería abordar para reducir los riesgos y potenciar las oportunidades.

El primero es el de aprovechar el gran capital científico tecnológico de nuestro país, para evaluar e identificar las tecnologías y procesos más adecuados para que la producción agrícola y ganadera puedan reducir su impacto sobre el ambiente y las emisiones. Producir más con menos efecto en el ambiente es posible, ya contamos con ejemplos interesantes en la Argentina, pero aún nos resta ampliar este campo para que, desde la innovación y el desarrollo de conocimientos, podamos encontrar mejores prácticas de producción y, sobre todo, mostrarlas al mundo con un fuerte respaldo académico y científico.

El segundo desafío, consiste en generar las condiciones para que esos modelos productivos y buenas prácticas dejen de ser un nicho, para amplificarse y ser adoptadas en gran parte del territorio. La Argentina tiene un enorme potencial, por ejemplo, para hacer más eficiente la producción ganadera (producir más carne con menos emisiones) o en el impulso a sistemas silvopastoriles en el norte argentino, que reduzcan la presión sobre la deforestación y generen oportunidades para el desarrollo local. Alinear la inversión que el Estado ya realiza a través de instrumentos vigentes (Fondagro, Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, etc.) hacia la promoción de estas prácticas a escala en territorio, debe ser una prioridad para los próximos años. Y no solo eso, una política activa en ese sentido, permitiría captar un creciente financiamiento internacional que se orienta a sistemas de producción sostenibles y bajos en emisiones.

Por último, diseñar e implementar una estrategia de posicionamiento y negociación a nivel internacional, para impulsar el desarrollo de mercados de calidad con base en buena información estadística y de base científica para demostrar los esfuerzos del país en materia de la reducción de emisiones en el sector, y la calidad ambiental de los sistemas productivos promovidos.

Para que podamos dar estos pasos, son necesarias dos cuestiones básicas. Primero, un fuerte liderazgo del Estado en marcar el rumbo, alinear las políticas y delinear el escenario para que el sector privado se oriente hacia el crecimiento de la producción sostenible. Segundo, un diálogo profundo entre sectores de la producción y el ambiental, para alcanzar acuerdos básicos necesarios sobre los criterios que definan a la producción agropecuaria como sostenible. Estos dos sectores que históricamente han estado en natural tensión, y que son fundamentales para construir una política viable basada en normas claras, consistentes, que limiten a quienes no cumplan con aspectos centrales de la protección del ambiente, pero sobre todo, que generen mejores incentivos para premiar la innovación y la transformación de la producción hacia modelos que adopten mejores prácticas.

El autor es investigador del programa Desarrollo Económico de Cippec

Diego Moreno